Para Hernández, "este plazo empeora notablemente hasta las condiciones recogidas en la Ley de Procedimiento Administrativo, que lo fija justo en la mitad, es decir tres meses". A su juicio, la diligencia en la aprobación de estas ayudas "deber ser máxima, habida cuenta de las necesidades de los usuarios".

"Frente a estas urgencias, el equipo de Ruiz-Gallardón lo único que hace es cubrirse las espaldas estableciendo un amplio plazo para intentar ocultar su negligencia y su recorte de gasto", denunció.

Según IU, la nueva ordenanza supone "un claro paso atrás", que se concreta también en el exceso de documentación solicitada, las dificultades que se presentan en las actuaciones requeridas en caso de situación de extrema urgencia, y el ajuste de los servicios prestados al presupuesto y no a la demanda.

"En este caso no hay que hablar de dinero, sino de cubrir necesidades", insistió Hernández, para quien la nueva ordenanza aumenta aún más las dificultades a los mayores en sus solicitudes, retrasa la respuesta y pretende, en definitiva, reducir el gasto municipal, según informó el grupo municipal.