Ribó declaró que "tras la espera sabemos que tenemos un texto normativo restrictivo, de mínimos, un mero cumplimiento del expediente para evitar la tramitación del recurso de queja presentao en la Comisión Europea y demostrar simplemente un oportunismo político nada brillante".

A su juicio, con el citado proyecto de ley el Gobierno "niega el derecho a los ciudadanos no comunitarios" a acceder a la información ambiental que obra en poder de las Administraciones Públicas y contempla una lista "exhaustiva y ampliamente restrictiva de posibles denegaciones".

Izquierda Unida ha presentado ante el Congreso de los Diputados una proposición de ley cuyo objetivo es, según sus promotores, gaantizar el derecho de toda personas a acceder a la información, en este caso ambiental, de que dispone la Administración.