La "cumbre" comunitaria de Maastricht acordó la participación de todos los ciudadanos de los estados miembros de la CE en la vida política municipal, por lo que los residentes extranjeros en España podrán elegir y ser elegidos cargo públicos en los ayuntamientos. Esta normativa obliga a la reforma del artículo 13.2 de la Carta Magna española.

Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, más de 270.000 extranjeros residen legalmente en el país, siendo la costa levantina, Canarias y la provincia de Málaga los principales núcleos de concentración de esta población. De ellos, más de 80.000 son británicos.

IU-CA basará la campaña en el envío de cartas a todos los residentes comunitarios en la Costa del Sol, nvitándoles a participar en las decisiones municipales y en las asambleas locales de la formación política, como paso previo a su posible inclusión en candidaturas a gobiernos locales.

La federación de partidos, que es el primer gurpo político español en poner su infraestructura al servicio de los extranjeros de la CE, se ofrecerá también como intermediario para sus reivindicaciones vecinales.

Fuentes de IU-CA estiman que la aportación de los ciudadanos comunitarios a la vida política local "es my interesante, ya que son personas que exigen a las administraciones y piden eficacia para resolver los problemas".

En algunos municipios de la Costa del Sol, el número de extranjeros de la CE supondrían el 30% del total del censo, por lo que el grupo político considera su participación en las tareas municipales como "decisiva".