Según una información publicada hoy por el diario "El País", el Gobierno quiere consensuar con la oposición una "ley de plazos" para reformar la actual del aborto.

Con la nuea regulación, siempre según esa información, la mujer podrá abortar como último recurso si fracasan los programas de apoyo social y médico a los que deberá someterse obligatoriamente.

El ministro de Justicia, Tomás de la Quadra, afirmó esta tarde en el Congreso de los Diputados que el Gobierno ofreció a los partidos de oposición un consenso en materia del aborto cuando se tramite en las Cortes el futuro Código Penal, "y en esa dinámica estamos", añadió.

Cristina Almeida, que negó haber recibido iformación alguna al respecto, advirtió que IU está dispuesta a dar apoyo a la "ley de plazos", "siempre que se respete ese derecho de las mujeres a decidir".

"Nosotros nos planteamos una ley combinada de plazos e indicaciones. Una ley de plazos en las primeras semanas de plazos, en la que la mujer no tenga que contar sus penas -bastante es ya tener que tomar esa decisión- y una ley de indicaciones en plazos más avanzados donde ya hay más peligro para la salud de la mujer", dijo.

No obstante, indió que IU no está de acuerdo con las condiciones que se quiere imponer a la mujer para abortar, porque podría ser una especie de "tercer grado". "Someter a la mujer a un tercer grado mayor que el que tiene que sufrir para tomar una decisión responsable, me parece un atentado a la propia responsabilidad de las mujeres".

Por su parte, el portavoz del CDS en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, José Antonio Souto, comentó a Servimedia que la "ley de plazos" que quiere el Miniserio de Justicia podría ser inconstitucional, a tenor de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional.

"Nosotros creemos que la 'ley de plazos' no entra dentro de lo que ha indicado como admisible el Tribunal Constitucional y por lo tanto no es la más adecuada", dijo