Al término de la reunión, que fue calificada de "muy positiva" y "cordial" por los asistentes y en la que hubo "un altísimo grado de coincidencia", Frutos explicó que IU apoya la huelga, porque comparte sus objetivos, y anunció que incluirán las peticiones de los sindicatos "de forma inmediata" n los posibles acuerdos con el PSOE "como cuestión a cumplir y compromiso de los dos. Creo que en esto no habrá ninguna dificultad".

Frutos se comprometió a defender la legislación necesaria "desde el próximo Gobierno de izquierdas que puede haber a partir del 12 de marzo" para reducir drásticamente la precariedad y las subcontratas, sobre todo en la construcción, sector que recordó que absorbe 1,5 de los accidentes laborales mortales diarios que se registran.

A este respecto, los responsables sidicales mostraron su deseo de que las conversaciones entre el PSOE e IU sobre un posible pacto de Gobierno fructifiquen, lo que ayudaría a cambiar la situación que vive el sector de la construcción. "Lito" dijo que la huelga del 24 y 25 de febrero "no es un fin en sí mismo", ya que "lo importante será después, será el trabajo del Parlamento".

Serrano denunció la "jungla" en la que se mueve el sector de la construcción, donde imperan la precariedad y las subcontrataciones en cadena y donde no hay derecos y las leyes se burlan. Denunció que esta situación lleva, lamentablemente, a que los accidentes laborales en el sector sean noticia todos los días.

Para evitar esta situación, los sindicatos defienden la aprobación de una ley específica para regular la subcontratación, que permita a los sindicatos tener instrumentos para defender los derechos de los trabajadores y para exigir que se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales, que las subcontratas y la mayoría de las empresas incumplen sistemáicamente, según UGT y CCOO.

También reclaman la creación de los delegados territoriales de prevención, el cumplimiento estricto por los empresarios de las leyes y convenios, la reducción de la edad de jubilación para los trabajadores del sector y la exigencia a la Administración de mayor eficacia y coordinación en su actuación inspectora y sancionadora.