Según explicó ayer la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en el Senado, el Gobierno quiere circunscribir la reforma a cuestiones de procedimiento que no impliquen una revisión del sistema como la planteada por Izquierda Unida.

De la Vega anunció que el próximo día 27 solicitará al Consejo de Estado un informe sobre la modificación de distintos aspectos de la ley. Los límites de su propuesta quedarán fijados en esa consulta. Sin embargo, adelantó que su voluntad inicial es reformar determinados elementos del régimen electoral y no todo el modelo.

El Gobierno sólo incluirá aquellas modificaciones a las que se comprometió el PSOE en su programa para las generales del 9 de marzo, encaminadas a hacer que el voto en el exterior se pueda emitir en urna, garantizar el voto de las personas con discapacidad y mejorar el derecho al sufragio a través de nuevas tecnologías.

De reducirse a esos aspectos, dijo Llamazares, "será totalmente insatisfactoria" para IU, que reclama la "incorporación del criterio de proporcionalidad" y motivará la ruputura de "muchos lazos de confianza" entre el PSOE e IU.

En su opinión, el Gobierno estaría usando "de manera filibustera" la propuesta de reforma de la Ley Electoral planteada por IU y que tiene por objetivo fundamental recuperar "el principio democrático de una persona un voto".