Martínez Seilla dijo que la marcha atrás dada por el PSOE en una ley con sólo unos meses de aplicación, al eliminar entre otras cosas la imposibilidad de contratar con la Administración a las compañías con directivos incursos en procesos penales, "se produce por presiones de las empresas constructoras que están implicadas ahora mismo en los escándalos de corrupción, fundamentalmente en los casos Filesa y Roldán".

El senador de IU señaló que "en el sumario Filesa está Cepsa, Focsa, Elsán, BBV, Abengoa y Catalana e Gas", mientras que en el sumario del "caso Roldán" están inmersas "Huarte, Cubiertas y MZOV".

Martínez Sevilla aseguró que estas empresas se dirigieron a la CEOE para que hiciera labor de "lobby" ante los grupos parlamentarios a fin de modificar el artículo 20 de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de mayo de este año.

La carta dirigida a los grupos parlamentarios por el secretario general de CEOE, Juan Jiménez Aguilar, a la que tuvo acceso Servimedia, incluía un informe del depatamento de asuntos legislativos de la patronal sobre las consecuencias negativas que podría tener el citado artículo 20.

La misiva señalaba que la aplicación de normativa de la Ley de Contratos a las empresas que contratan con las adminstraciones públicas "podría producir en algunas de ellas, sin duda, efectos indeseables, y que finalmente podrían verse alteradas a posteriori cuando el problema no tuviera solución para la supervivencia de la propia empresa y de los puestos de trabajo que la misma mantnga".

Alvarez Sevilla aseguró que la modificación de la Ley de Contratos se ha realizado además con "fraude de ley", al aprovechar la tramitación en el Senado de la Ley sobre Medidas Urgentes sobre la Sequía, y recalcó supone un gran paso atrás en las iniciativas pregonadas por el PSOE para combatir la corrupción.

El senador de IU negó que la cláusula ahora anulada, que prohibía a la administración contratar con constructoras que tuvieran directivos incursos en procedimientos penales, aunque todaía no hubieran sido condenados en firme, suponga una conculcación de la presunción de inocencia. Adujo que, por ejemplo, estar implicado en una causa penal es motivo de inhabilitación para ser jurado, y nadie dice que eso vaya contra la presunción de inocencia.

Finalmente, anunció que Izquierda Unida pedirá al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el cambio en la Ley de Contratos, por fraude de ley, ya que IU no puede tomar esa iniciativa directamente, al no tener uficiente número de diputados.