IU ACUSA AL INI DE LA VENTA DE TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO EN CADIZ
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El diputado de Izquierda Unida Jerónimo ndreu acusó hoy al INI de vender a la empresa Dragados y Construcciones unos terrenos de dominio público que habían sido cedidos a la compañía pública Astilleros Españoles (AESA).
Andreu formuló esta acusación durante una comparecencia del presidente del INI, Javier Salas, ante la comisión de Industria del Congreso. Salas negó que los terrenos vendidos fuesen de dominio público y aseguró que son propiedad enajenable del INI.
El importe de los terrenos, que Dragados destinará a la construcción, fu de 5.000 millones de pesetas, revisables en función de las posibilidades de edificación de la zona.
Andreu aseguró que "esos terrenos son de dominio público y estaban cedidos por la Administración a AESA, por lo que no podían venderse". Criticó asimismo que no haya existido un periodo de información pública para conocer el resto de las ofertas de compra.
Por su parte, el presidente del INI defendió la legalidad de la venta a Dragados de los terrenos de AESA en Cádiz "por tratarse de la oferta má beneficiosa", aunque no concretó qué otras proposiciones de compra recibió AESA para vender unos terrenos que, según Salas, llevaban ociosos desde hacía diez años.
POSIBLE ANULACION DE LA VENTA
Asimismo, reconoció que en el acuerdo de venta existe una cláusula de reversión que condiciona el precio definitivo de los terrenos a las posibilidades de construcción en ellos que fije su reclasificación urbanística.
"La claúsula de reversión", añadió Javier Salas, "permite a Dragados rechazar la compr del terreno si la reclasificación urbanística impide construir por encima de un mínimo determinado".
Izquierda Unida exige que se aclaren todos los aspectos relacionados con esta operación, ya que "no deja de comprometer a la Administración que la venta de unos terrenos por una empresa pública dependa de una reclasificación urbanística que debe realizar ella misma".
En el turno de portavoces, todos los grupos parlamentarios, excepto el socialista, coincidieron en señalar que las condiciones de l operación no están claras.
El PSOE, por su parte, indicó que la legalidad de la operación depende de si se ajusta a Ley de Costas, para lo cual hace falta esperar al dictamen del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU).
(SERVIMEDIA)
19 Feb 1991