Romero expresó su "extrañeza" porque el Gobierno le haya remitido la recaudación del IRPF para la Iglesia correspondiente a 1989, cuando él pidió en una pregunta parlamentaria estadísticas del último ejercicio, 1990.

Romero, que efectúa a finales de cada año la misma pregunta para comprobar la evolución anual de la aportación de los fieles a la iglesia, desde que se instauró el sistema de autofinanciación vía declaración IRPF, dijo que intentará ecabar cuanto antes los datos relativos a 1990.

"Yo no creo que sea un error. Está claro que el Gobierno no ha querido facilitar datos del 90, porque es muy extraño que no tenga ya cerrado el ejercicio fiscal de ese año", afirmó.

En su opinión, con esa ocultación se intenta disimular una "crisis" en las relaciones Iglesia-Estado, a consecuencia de que la sociedad española no se comporta como previeron los redactores de los acuerdos Iglesia-Estado.

En virtud de ese pacto, que entró en vigor drante el ejercicio de 1987, la Administración recauda de los fieles el 0,52 de su asignación tributaria y se compromete a cubrir la diferencia hasta una cantidad establecida (se empezó con 14.000 millones de pesetas y en 1991 el Gobierno fijó la cantidad en 15.260 millones).

Al firmar ese acuerdo, el Gobierno se fijó de plazo hasta el ejercicio de 1991 para que el Estado dejase de aportar dinero y la Iglesia fuese autosuficiente, algo que, según Romero, se ha mostrado fallido.

SOLO 9.116 MILLONES EN1989

En su respuesta parlamentaria, el Ministerio para las Relaciones con las Cortes informa al diputado de IU que en la declaración del IRPF correspondiente a 1989, los contribuyentes españoles destinaron sólo 9.116 millones de pesetas a ese fin; una cantidad que obligó al Estado a aportar más de 5.000 millones para cubrir la diferencia hasta los 14.000 millones de la "tasa" mínima establecida entonces por el Gobierno.

Por regiones, las autonomías que más contribuyeron en 1989 al sostenimiento d la Iglesia católica fueron las dos Castillas, Murcia y Extremadura, en donde la mayoría de los contribuyentes, entre el 50 y el 55 por ciento, destinaron el 0,52 por ciento de su asignación a la iglesia y no a otros fines sociales.

Les siguen en esta estadística Andalucía, La Rioja y Cantabria, Navarra y el País Vasco, regiones donde más del 40 por ciento de los declarantes se decidieron por la iglesia.

El resto de comunidades figura en la banda de entre 30 y 40 por ciento de las declaraciones d IRPF, y en último lugar a bastante distancia se sitúa Cataluña en donde tan sólo el 28 por ciento de los contribuyentes decidieron financiar a la iglesia.

Antonio Romero cree que esa tendencia al estancamiento se ha confirmado en 1990 y que el Gobierno intenta "maquillar" la realidad para ocultar que tiene que seguir financiando a la Iglesia católica con dinero de todos los contribuyentes.

Además de la asignación del 0,52 por ciento del IRPF, destinada fundamentalmente a gastos de personal y funionamiento de la estructura eclesiástica, la Iglesia recauda indirectamente dinero mediante donaciones, que desgravarán un 10 por ciento de la cantidad donada a partir de este año.

Asimismo, también cuentan como ingresos en cada provincia, los beneficios netos de la cadena Cope, de la que la Conferencia Episcopal es accionista mayoritaria, y los edificios eclesiásticos, buena parte de los cuales son monumentos declarados, son rehabilitados en la mayoría de los casos con fondos del Ministerio de Cultur.