Enrique Ortega, coordinador del Area de Administraciones Públicas de IU, manifestó ho, por medio de un comunicado de prensa, que este proyecto conduce a "un proceso de degradación de las condiciones salariales y profesionales de los empleados públicos".

En su opinión, el Gobierno quiere facilitar "la eliminación de las personas non gratas para el poder, al permitir que, a través de los planes de empleo, se decida quien sobra y quien no sobra de las administraciones", sin que haya un "control sindical o jurisdiccional que garantice la objetividad de los procesos".

Además, "la intepretación que hace de las potestades administrativas y el olvido de la legislación laboral, que regula las condiciones de empleo del personal laboral de las administraciones, nos hacen pensar que el proyecto roza la inconstitucionalidad".

A su juicio, con el sistema diseñado por el Gobierno, que incluye nuevas situaciones como la expectativa de destino y la excedencia forzosa, "puede llegarse hasta el despido".