En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, denunció el "pragmatismo chato que antepone los intereses económicos y las relaciones políticas al derecho internacional y los derechos humanos".

Llamazares exigió la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, para que explique la visita de Obiang a España, prevista para el próximo miércoles y que incluye reuniones con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y con el Rey.

Esta visita demuestra, lamentó el líder de IU, la "actitud miope" del Ejecutivo en política exterior, una posición "hipócrita que le hace defender la Alianza de Civilizaciones y los derechos humanos en general, pero niega esos objetivos en particular".

Puso como ejemplo el caso del Sáhara occidental y el de Guinea Ecuatorial, donde "subordina esos derechos humanos a sus intereses de mejorar las relaciones económicas y políticas".

El coordinador de política Internacional de IU, Francisco Pérez, denunció que en 27 años Obiang "no ha dejado de ser un dictador ni va a dejar de serlo", en contra de lo que, a su juicio, dice el Gobierno, que justifica su cambio de actitud hacia Guinea en los "gestos" que indican un avance en la democratización del país.

"Obiang sigue siendo lo que era, un dictador que dio un golpe de Estado feroz contra su propio tío", después de ser durante años "corresponsable de sus crímenes", y que instauró y ha mantenido una dictadura "criminal y corrupta", en la que se practica la "violación sistemática de los derechos humanos", dijo.

TORTURA GENERALIZADA

"La tortura es habitual y generalizada, los juicios no existen o se practican sin ningún tipo de garantías, y centenares de personas siguen en la cárcel como presos políticos", relató.

En cuanto a las elecciones que Obiang permitió ante la presión internacional, recalcó que no pueden ser libres puesto que "la mitad de los partidos del espectro político son ilegales", por lo que exigió elecciones libres, la liberación de los presos y una democratización que no se base en una transición liderada por el propio dictador.

La visita de Obiang, remarcó, es "un error político de mucha profundidad, que favorecerá los intereses de Repsol, pero no los de la democracia. El Gobierno verá si estrechar una mano manchada de sangre es actuar de forma ética y políticamente correcta. No es legítimo cambiar derechos humanos por petróleo".

Para terminar, lamentó que la delegación del Gobierno no haya autorizado una manifestación contra el dictador que se pretendía celebrar mañana, 14 de noviembre, con la excusa de que no se pidió en el plazo preceptivo, con 15 días de antelación, algo que no se pudo hacer porque la visita se hizo pública el 31 de octubre.

En la rueda de prensa intervino también Weja Chicampo, liberado el pasado mes de junio tras pasar dos años preso en la cárcel más dura de Guinea Ecuatorial, la de Black Beach, y dirigente del Movimiento de Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB).

DOLOR DEL PUEBLO GUINEANO

Chicampo cuestionó la ética política del Gobierno español por recibir al dictador y "dejar al margen el dolor del pueblo guineano", olvidando el papel que España debe jugar como país que ha colonizado Guinea Ecuatorial.

"Estamos indignados", subrayó el político guineano, quien pidió al Gobierno que reconduzca su posición y escuche la voz de la oposición y los movimientos por la democratización de Guinea, que los partidos ilegalizados en ese país pero con presencia en España trasladaron al ministro de Asuntos Exteriores.

El guineano, de etnia "bubi", perseguida por el régimen de Obiang, relató la represión y la tortura a la que se somete a los oponentes políticos, y que sólo cesa en los momentos en los que Obiang quiere reforzar las relaciones con algún país, para volver a retomarla una vez que ha alcanzado sus objetivos.

Denunció la desaparición de presos en Black Beach, el encarcelamiento de los dirigentes políticos de la oposición antes de las elecciones para que Obiang nunca pierda el poder, y la expropiación de los recursos naturales al Estado para dejarlos en manos de multinacionales extranjeras en virtud de contratos ocultos de los que sólo se beneficia el dictador.