La organización basa su denuncia en las conclusiones que reflejan los estudios jurídicos que ha encargado a prestigiosos bufetes y expertos en Derecho.

Las competencias, según declaró hoy, en rueda de prensa, el presidente de AECA-ITV, Javier Echeverría, en materia de ITV "no pueden encuadrarse dentro de la actividad ejecutiva de la ordenación del tráfico, que es una materia estatal, sino que debe ser considerada mo materia de seguridad industrial y competencia de las comunidades autónomas".

"Tomaremos todas las medidas que permita la legislación pero la posición es dialogante y negociadora", agregó Echeverría.

La legislación que regula desde 1985 la actuación de las ITV garantiza el control a través del sistema de las comunidades autónomas y crea un modelo de incompatibilidades para socios, directivos y personal de ITV, de forma que su actuación sea independiente a otras actividades relacionadas con el mndo del motor.

Las medidas liberalizadoras del Gobierno, según Echeverría, pueden causar la pérdida de independencia de las empresas concesionarias de la ITV y generar un "mercado cautivo", en el que varias marcas de vehículos dispongan de la situación económica necesaria para poner en funcionamiento estaciones de ITV y recomendar el servicio a sus usuarios, con actuaciones diferentes en la inspección, en función de la marca del vehículo.

Esto redundaría en una pérdida de valor de la ITV como eleento de control de las actividades de reparación, con repercusiones negativas para la seguridad vial, concluyó Echeverría.