El departamento que dirige José Borrell señala en un comunicado que difundió hoy que también está analizando los riesgos que podría conllevar la interrupción, pero no concreta a qué tipo de riesgos se refiere.

Asmismo, indica que el ministerio es consciente de la preocupación del Gobierno navarro por "el gran impacto negativo que supondría para Navarra retrasar la entrada en servicio del embalse". Además, el MOPTMA asegura que permanece a la espera de conocer las iniciativas que pudiera adoptar próximamente el Parlamento de Navarra, a pesar de que la competencia para paralizar o no las obras corresponde exclusivamente al ministerio.

Para Santiago Martín, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (Coda), "Borrell lo que pretende es presionar a los jueces, intentándoles convencer de que la paralización de las obras acarrea unas pérdidas económicas importantes".

"Pero lo que no pide el ministro", agregó Martín en declaraciones a Servimedia, "es que se valore la utilidad de la inversión que ha absorbido un proyecto inservible e ilegal, en el que hasta ahora se han gastado 7.000 millones de pesetas y en el que pretenden seguir invirtiendo dinero, a pesar de que existe una sentencia judicial que lo declara ilegal".

Santiago Martín se mostró partidario de que se depuren responsabilidades penales en el seno del Gobierno navarro y el MOPTMA por promover un proyectoque ya no cuenta con la preceptiva resolución administrativa de autorización, ya que ha sido anulada por la Audiencia Nacional.