ITOIZ. EL FISCAL DE MEDIO AMBIENTE DE MADRID RECLAMA A LA ADMINISTRACION QUE PRESENTE ALTERNATIVAS AL PROYECTO INICIAL
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El fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Emilio Valerio, declaró hoy a Servimedia que el último auto de la Audiencia Nacional sobre el pantano de Itoiz, dictado el asado día 7, obligará al Ministerio de Medio Ambiente y al Gobierno navarro a paralizar las obras del pantano una vez que concluya la construcción del dique.
Emilio Valerio dijo que las Administraciones Públicas deberían haber presentado a los tribunales informes técnicos que plantearan alternativas al proyecto inicial del pantano de Itoiz, toda vez que los tribunales han subrayado la necesidad de respetar los espacios naturales protegidos afectados por el embalse.
La Audiencia Nacional ha advertdo al Ministerio de Medio Ambiente y al Gobierno navarro que aunque finalicen las obras de construcción del dique del pantano de Itoiz, no podrán llenar el vaso del embalse, tal y como ordenó el Tribunal Supremo en una sentencia que emitió el pasado mes de julio.
Esta imposibilidad de llenar el embalse se mantendrá hasta que el Tribunal Constitucional resuelva la cuestión de inconstitucionalidad planteada contra la ley foral que eliminaba las bandas de protección de las reservas naturales afectadas, d tal forma que no resultaran afectadas por el pantano, sentencia que se podría demorar durante años.
Según Emilio Valerio, el último auto de la Audiencia Nacional garantiza "que la protección de los espacios naturales sea real y que se frene la política de hechos consumados en la que la Administración se ampara", ya que el tribunal exige a las administraciones públicas que informen periódicamente sobre la evolución y situación de las obras e impide iniciar la construcción de nuevas infraestructuras detinadas a posibilitar el llenado del vaso del embalse.
"La Audiencia", señaló el fiscal, "recomienda a la Administración que respete las bandas de protección, y recuerda que no se podrá llenar el embalse mientras no se resuelva la cuestión de inconstitucionalidad planteada contre la ley foral, resolución que puede tardar del orden de cuatro o seis años".
Emilio Valerio indicó que las administraciones públicas "deben darse cuenta de que no sólo están para llenar embalses, sino para respetar el medo ambiente y la legalidad ambiental".
(SERVIMEDIA)
12 Ene 1998
GJA