Según Narbona, para paralizar las obras el juez deberá exigir a los demandantes que depositen una fianza que indemnice a las constructoras y a los navarros, en el supuesto de que el recurso que ha presentado el ministerio ante el Supremoprospere.

El presidente de la Coda, Santiago Martín, declaró hoy a Servimedia que estas afirmaciones son falsas y argumentó que el depósito de la fianza sólo procedería en el caso de que se tratara de un interdicto.

"Si se tratara de un interdicto", señaló, "sí habría que depositar una fianza, pero estamos ante una sentencia de la Audiencia Nacional que declara ilegales las obras, por lo que éstas pueden y deben detenerse sin necesidad de realizar depósito alguno".

Santiago Martín pidió que e depuren responsabilidades entre los promotores de la obra, a los que acusó de invertir dinero público en un proyecto que carece de utilidad y ha ocasionado daños al medio ambiente de carácter irreversible.

Asimismo, aseguró no entender la postura adoptada por Cristina Narbona, por entender que antepone los intereses de la Dirección General de Obras Hidráulicas y de las constructoras a los del medio ambiente, a pesar del cargo que desempeña.