El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado el proyecto de ley para declarar estos proyectos de interés general, por lo que el texto deberá tramitarse ahora en el Senado y en el Congreso de los Diputados.

José Luis Beamount maifestó que si el Parlamento aprueba esta ley la Coordinadora de Itoiz intentará que el Alto Tribunal dictamine sobre su posible inconstitucionalidad. Al tratarse de una ley la coordinadora no puede presentar recurso, por lo que acudirá a algunos de los procesos jurídicos abiertos en relación a las obras de Itoiz para que sea el tribunal correspondiente el que plantee la cuestión de inconstitucionalidad si lo estima oportuno.

El abogado de la coordinadora manifestó que incluso si el Parlamento aprueba a ley que declara de interés general las obras del embalse y el Canal de Navarra, esta norma no debe afectar a la decisión que tome el Tribunal Supremo en relación con el recurso que las administraciones central y autonómica interpusieron contra la sentencia de la Audiencia Nacional que declara ilegales las obras.

Uno de los argumentos que utilizaba la sentencia era que ante la falta de planificación hidrológica debería existir una ley que justificara la obra.

Sin embargo, Beamount apuntó que la ey de declaración de interés general no modifica la situación, ya que en el caso de que se apruebe es posterior al recurso de casación presentado ante el Supremo. Además, indicó que esa ley no introduce elementos nuevos que justifiquen ambos proyectos.RECURSO DE CASACION

"El recurso de casación", agregó, "ya se presentó y no se pueden introducir nuevos argumentos jurídicos que no existían en el momento de presentarse el recurso".

Según el abogado, "se trata de una ley de caso unico cuyo objetvo es legalizar a posteriori las obras que a nuestro juicio incurriría en motivos de inconstitucionalidad, porque invade la competencia constitucional de los jueces, que es juzgar e interpretar lo juzgado".

Además, en el supueto de que el Parlamento no aprobara el proyecto de ley que ha remitido el Gobierno, las obras del Canal de Navarra no podrían recibir financiación de la Administración central.

Finalmente, Beamount señaló que la ley de interés general no modificaría ninguno los argumentos meioambientales que expone la sentencia de la Audiencia Nacional contra el proyecto de Itoiz.