El secretario general de la CESM, Carlos Amaya, afirmó que el nuevo sistema enrarecerá "el clima de confianza que dee existir entre el facultativo y el enfermo trabajador" e incrementará los trámites burocráticos al aumentar el número de personas que intervienen sobre la baja (el médico de Atención Primaria, el inspector, el responsable de IT del Insalud y la mutua).

A su juicio, también acarreará problemas judiciales porque se puede dar la paradoja de que el médico de Atención Primaria pretenda mantener la baja y el facultativo del Ministerio de Trabajo le quite la prestación al trabajador enfermo.

La CESM reuerda, además, que su deontología profesional impide a los médicos hacer público el diagnóstico de un enfermeo, "y menos a un organismo ajeno a la Sanidad".