Así lo dijo durante un pleno del Congreso en respuesta a una pregunta del diputado del PP Nacho Martín Blanco, quien había acusado al Gobierno de realizar medidas de vivienda que “lejos de beneficiar el acceso a la vivienda” son “intervencionistas” y están reduciendo la oferta al generar “barreras de entrada insalvables”.

Rodríguez enfatizó que van a “dar pasos” en la cuestión de la “seguridad jurídica” y, por eso, van a aprobar esta norma con el objetivo de “agilizar los planeamientos urbanísticos para garantizar el derecho del acceso a una vivienda”.

El Gobierno ha trasladado que la norma responde a una demanda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de que no se produzcan paralizaciones de planteamientos urbanísticos por errores formales. Sin embargo, el socio de coalición Sumar ha mostrado sus objeciones al respecto de la norma y Podemos se ha posicionado en contra.

La norma es una de las reivindicaciones históricas del sector inmobiliario y ha llegado a ver la luz -aunque no definitivamente- tanto con el Gobierno de Pedro Sánchez como con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, por lo que ambos partidos podrían ponerse de acuerdo para aprobar la norma en el Congreso.

De hecho, a finales de mayo de 2018, el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, llegó a aprobar un anteproyecto que pretendía limitar a cuatro años el plazo para presentar denuncias contra los planes urbanísticos y dar un plazo de hasta un año y medio para que se subsanasen los errores denunciados mientras se mantenía en vigor el mismo.

Además, en su programa electoral para las pasadas elecciones generales, los populares prometían impulsar una ley de seguridad jurídica en materia de urbanismo que garantizase “la perdurabilidad de los planes urbanísticos cuando se impugnen cuestiones no estructurantes de los mismos”.

En el pleno, Rodríguez respondió al diputado popular señalando que ambos tienen “mucho más en común” de lo que éste “cree” y afirmó que, si deja a un lado “los mantras y el argumentario básico del partido”, encontrará en los datos aportados por la ministra “la coincidencia con sus argumentos”.

La ministra detalló que se han destinado 1.176 millones de euros al presupuesto de vivienda en Cataluña y se ha comprometido la reforma y rehabilitación de más de 12.000 viviendas.