De esta manera, explican los autores de la ponencia, "se impediría el acceso al escaño de aquellos que habiendo cometido delitos en el ejercicio de su cargo pretendan ampararse en la inmunidad parlamentaria".

IS cree cree que una vez consolidado el proceso democrático "es hora de plantearse" si las listas cerradas y bloqueadas deben ser modificadas y qué mecanismos habría que "ensayar" para aproximar a electores y elegidos "con el fin de mejorar los vínculos ntre a ciudadanía y los representantes públicos".

Su propuesta, para ser debatida en el Congreso del PSOE, consiste en modificar la Ley Electoral "e incluso la Constitución si fuera necesario", en el sentido de adoptar un "sistema mixto que combine la elección uninominal por distritos y el sistema proporcional, con listas de partido".

Las reformas a la Ley Electoral son, además de la anteriormente citada, "establecer en 400 el número de diputados al Congreso; dividir en 200 distritos el territori nacional, correspondiendo dos diputados a cada distrito; cambiar la actual circunscripción provincial por la de distritos electorales -con 200.000 habitantes, como referencia por distrito-, y elegir en cada distrito un diputado por listas uninominales y otro por listas de partido -no bloquedas- presentadas para el territorio nacional y no por provincias como hasta ahora".

IS está "razonablemente convencida" de que, con estas modificaciones, "se reestablecería el grado de representatividad entre electres de Madrid o Barcelona respecto a los de Soria o Teruel, corrigiéndose la infrarrepresentación que existe en los grandes núcelos urbanos respecto de los poco habitados". Además, "se reduciría considerablemente el peso político de las formaciones nacionalistas en beneficio de formaciones con implantación nacional".

Asimismo, esta corriente socialista pide "endurecer" las incompatibiidades entre carrgos orgánicos y públicos y "eliminar" la presencia de concejales y diputados en los Consejos de Adminitración de empresas públicas.

En el citado documento, de 127 páginas, se defiende, además de "actualizar" la Ley Electoral, la elaboración de un Estatuto de Partidos Políticos, que debería incluir las directrices por las que las formaciones habrán de regirse "adecuando su estructura interna a un modelo cuyos soportes básicos sean la garantía de los derechos de los afiliados, la existencia de un sistema de financiación transparente y también suficiente, así como una especificación rigurosa de incompatiilidades de cargos públicos".