"Están preocupados porque saben que eso puede ocurrir y centran todos sus esfuerzos en intentar que n ocurra", afirmó Iruin a Servimedia. Según el abogado de las familias de Lasa y Zabala, ante las dos opciones que Galindo tenía, pagar la fianza o ingresar en prisión, la última le suponía un coste menor al riesgo que entraña para su defensa la posibilidad de que Dorado decida hablar.

Si Galindo hubiese pagado la fianza y quedado en libertad condicional, existiría un riesgo "cada vez mayor de que ese comportamiento fuera mal visto por Dorado", por lo que Galindo se ha visto obligado a mostrar una "supesta solidaridad" hacia su ex subordinado, según Iruin.

El abogado insistió en las "promesas incumplidas" que Jorge Argote, abogado de Galindo, hizo en los últimos meses a los dos ex guardias civiles y que "constan en las declaraciones de Bayo". La última de estas promesas formuladas por Argote fue, según Iruin, que los varapalos que se había llevado en el "caso Sogecable" el juez Javier Gómez de Liaño, también instructor del "caso Lasa-Zabala", iban a posibilitar que ambos salieran de la cárcel.

La finalidad de "la estrategia de recusaciones y querellas tan habitual en Jorge Argote" es, a juicio de Iñigo Iruin, apartar del caso a Gómez de Liaño y prolongar la instrucción del caso para que, a la hora de solicitar la libertad provisional de Dorado para que no hable, "puedan alegar la larga instrucción sumarial".