El sindicato que lidera Cándido Méndez sigue denunciando, como lo hizo la semana pasada ante el Tribunal Supremo, las irregularidades y perjuicios que la norma reguladora de las retenciones a cuenta del IRPF ocasionan a los ciudadanos.

Según UGT, la reforma del IRPF supone una agresión injustificada a los derechos de intimidad y privacidad de los trabajadores, una agresión que, en su opinión, es además "ilegal" y "sancionable" de conformidad con la legislación españolavigente en materia de protección de datos personales.

UGT denuncia que en cumplimiento de la normativa fiscal cientos de miles de trabajadores han entregado ya a sus empresas certificados de minusvalías suyos y de sus hijos, así como copias de sus sentencias de separación y divorcio.

En relación con los datos de minusvalía, que se refieren a la salud, UGT explica que la ley prohíbe una informatización y cesión a terceros salvo consentimiento expreso e informado del afectado, requisito que no se h dado por los formularios y la normativa de aplicación que ha elaborado la Agencia Tributaria.

Esto significa, según UGT, que las empresas no pueden, salvo que incumplan la ley, procesar tales datos ni cederlos a gestorías o asesorías externas. Este sindicato recuerda que la ley tipifica como infracción muy grave y con sanciones que van de 50 a 100 millones la comunicación o cesión de datos de carácter personal, salvo en los casos permitidos, así como la vulneración de guardar secreto sobre los datos ersonales como los relativos a la salud.

Para UGT, "estamos ante una pieza más de este peligroso y antijurídico sistema de retenciones, que es consecuencia de una reforma fiscal elaborada desde la propaganda y no desde el rigor técnico y político exigible". Por ello, la central sindical cree que es necesaria la actuación decidida de la Agencia de Protección de Datos.