Los representantes de ambas centrales sindicales, Pedro Díez Zabero, por UGT, y Julián Ariza, por Comisiones Obreras, aseguraron que el proyecto del Gobierno supone una fuerte caída de ingresos para el Estado y por tanto pone en peligro para el futuro el gasto social y el Estado del bienetar.

Las dos centrales se mostraron de acuerdo en aumentar la presión social contra el futuro impuesto, pero no junto a los partidos políticos de izquierda, que también han anunciado una iniciativa similar contra el nuevo IRPf.

"Si al final del proceso del debate llegamos a la misma conclusión de rechazo al nuevo impuesto, entonces podriamos reunir nuestras fuerzas, pero no antes", afirmó Ariza.

Comisiones y UGT acudirán primero a informar intensamente a los trabajadores y a los ciudadanos yse mantendrán atentos al proyecto de presupuestos del Estado del 99. "Si no se cumplen ciertos compromisos del Gobierno" aseguraron, "aumentará la presion social".

Las condiciones que ponen son tres: dotar de incentivos la jornada laboral a 35 horas; aumentar el gasto social -especialmente en el empleo- y cumplir los compromisos sobre financiación de la Seguridad Social, es decir, 900.000 millones de pesetas que se dividirían en 600.000 millones para complementos de mínimos y 300.000 millones para finnciar la Sanidad Pública y las pensiones no contributivas.

Por su parte, la patronal CEOE explicó que su rechazo a la propuesta sindical se debe a que considera acertado el proyecto del Gobierno, y además, dijeron, "no creemos que haga peligrar el Estado del bienestar".

Según el secretario general de la CEOE, Juan Jiménez Aguilar, existen aspectos en el IRPF que para la patronal deben mejorarse como la tributación de la vivienda o la reducción del impuesto de patrimonio al tipo máximo del IRPF qu ahora se propone que estaría en torno al 48-50 por ciento.