Costa se reunió en el Congreso de los Diputados con el CERMI -Consejo Español de Representantes de Minusválidos- para explicar los acuerdos a que han llegado el PP y CiU ara mejorar el trato fiscal a los discapacitados.

El responsable de Hacienda aseguró que las mejoras que se introducirán en el pleno de la Cámara Baja esta semana harán que unas 225.000 personas dejen de pagar el impuesto sobre la renta.

Entre ellas destaca la posibilidad de que familiares de hasta tercer grado de personas con discapacidad del 65% o más puedan deducirse de su base imponible las aportaciones de hasta 2,2 millones de pesetas anuales a fondos de pensiones cuyo único beneficiario seael minusválido. Se trata de asegurarles el futuro económicamente cuando queden desasistidos.

También será mejorada la deducción para discapacitados con movilidad reducida que tienen que desplazarse a un puesto de trabajo. La deducción por rentas del trabajo en estos casos se multiplicará por dos cuando la minusvalía sea del 33% y sea necesaria la asistencia para el desplazamiento, y por 2,5 veces cuando se llege a un grado del 65%.

Además, está previsto que los discapcitados tengan un mínimo persnal y familiar -cantidad a descontar de los ingresos brutos- superior a la de las personas sin minusvalías.

En concreto, el mínimo personal aumentará hasta en 300.000 pesetas cuando la discapacidad esté entre el 33% y el 65%, y en 600.000 pesetas cuando supere ese grado de minusvalía. Estos beneficios fiscales también se aplicarán a los contribuyentes que tengan a cargo personas con discapacidad en las mismas proporciones.

Otro avance destacado es la posibilidad de elevar las deducciones por vivinda en el nuevo IRPF hasta en dos millones de pesetas al año, siempre que se justifique por la necesidad de adaptar la vivienda y las zonas comunes y acceso al minusválido. La deducción de estas cantidades se aplicarán en la cuota del impuesto.

Rafael de Lorenzo, vicepresidente de la ONCE y negociador por el CERMI con los grupos políticos, calificó este "paquete" de medidas es un acto de "justicia social" y señaló que con ellas se contribuye a crear un subsistema fiscal para discpacitados que favorecesu adaptación tanto en el hogar como en el puesto de trabajo.

A su juicio, esta regulación fiscal para los discapacitados sitúa a España en la vanguardia de la legislación fiscal para discapacitados. Expresó su confianza en que el trámite parlamentario que aún resta al proyecto de ley para la reforma del IRPF confirme estas medidas e incluso las mejore.