A su juicio, el ataque no ha sido promovido ni impulsado por la ONU, no cuenta con el acuerdo de las Cámaras del Poder Legislativo y la guerra no se ha declarado de acuerdo a los mecanismos constitucionales españoles, lo que contravienen a los artículos 590, 595 y 588 de la Ley Orgánica 10/199 del Código Penal.

Añadió que "los hechos de esta madrugada son de una enorme gravedad y trascendencia. La legalidad internacional ha sido vulnerada. Es una guerra contra los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas".

Acusó al Gobierno español de cometer "una ilegalidad al dar apoyo al ataque", lo que le convierte en "responsable de la ruptura del orden internacional y de sus principios y valores más importantes. Los inspectores no han podido acabar su trabajo y Bush, Blair y Anar han optado por acabar con la vía diplomática, para imponer la guerra. Hoy, los gobiernos de Bush, Blair y Aznar son un factor de inseguridad e inestabilidad mundial".