Para JpD, esta guerra no sóo traerá un "gratuito" y "enorme sufrimiento" al pueblo de Iraq, sino que, además, constituye una "inaceptable vulneración del orden jurídico internacional, pues se hace al margen de lo previsto en la Carta de las Naciones Unidas, y sin decisión del Consejo de Seguridad, único órgano legitimado para decidir el recurso a la fuerza para preservar la paz y la seguridad internacionales".

Además, acusa al Gobierno de José María Aznar de desconocer lo previsto en la Constitución, cuyo artículo 63.3 establec que compete al Rey, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

"El gobierno español, al decidir la participación de tropas españolas en una guerra de agresión no cumple ni las normas constitucionales ni legalidad internacional", dice el comunicado de JpD.

No obstante, JpD considera también que la dictadura de Sadam Hussein es "intolerable", y que la comunidad internacional debe realizar todos los esfuerzos que contribuyan a democratizar Iraq y a que sus ciudaanos recuperen la libertad perdida.

"Exactamente en la misma medida, deben realizarse esfuerzos en pro de la democratización de tantos otros países cuya población está sometida a gobiernos despóticos", añaden.

Con estos argumentos, JpD pide al Gobierno español que cumpla la legalidad nacional e internacional, "abandonando de inmediato una guerra que, tal como se presenta, es ilegal, inmoral e injusta".