En la misiva, IU hace un llamamiento a los funcionarios "civiles y militares invitados por el Gobierno a participar en misiones relacionadas con la ocupación ilegal de Iraq para que se mantengan fieles al principio de juridicidad y se abstengan de tomar parte en éstas".

Según dice la carta, el derecho interno vigente en el Estado español permite que el personal requerido "no sólo pueda, sino que deba negars", porque, en caso contrario, el personal deberá "asumir las posibles consecuencias de una misión que carece de cobertura jurídica internacional, europea y constitucional interna".

IU reitera que la misión de "ocupación" del territorio iraquí por parte del Gobierno del PP, "no sólo es inmoral y contraria a los deseos de la gran mayoría de la ciudadanía española, sino que también es ilegal desde todos los puntos de vista".

A los funcionarios públicos les subraya que la misión en la que se pueden vr involucrados carece de mandato expreso de las Naciones Unidas y, por lo tanto, es ilegal a la luz del Derecho Internacional vigente.

De la misma manera, no se puede encuadrar dentro de las acciones de la PESC de la Unión Europea, dado que la propia UE está esperando el mandato expreso de la ONU sobre Iraq para poder intervenir en la crisis creada tras la invasión de ese país por la coalición británica y estadounidense.

Además, dado que la Carta de las Naciones Unidas es Derecho interno vigente n el seno del Estado (como consecuencia del artículo 96 de la Constitución), IU entiende que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que sea requerido por el Gobierno del PP para integrar la futura misión de ocupación de Irak "no sólo puede, sino que debe negarse a formar parte de la misma".

De igual modo, la carta señala que la Administración y los funcionarios sirven "por encima de otros principios, a la ley y al Derecho", según el artículo 103.1 de la Constitución.

Este sometiiento de la función pública al principio de legalidad "da perfecta cobertura a todos aquellos servidores de lo público que decidan no tomar parte en una misión que carece de la necesaria cobertura de las Naciones Unidas o de la Unión Europea y que es contraria al derecho internacional así como al propio derecho constitucional español".