El máximo responsable de la Fiscalía en la Audiencia Nacional señaló que, tras la detención por tropas de la coalición de 41 iraquíes -entre los que estarían los nueve presuntos asesinos de los agentes españolas-, está a la espea de que las autoridades judiciales estadounidenses, o bien las iraquíes, le notifiquen que serán juzgados en Iraq.

Fuentes juridicas indicaron que la "competencia prevalente es la territorial", por lo que la justicia iraquí tendría preferencia respecto a la española a la hora de juzgar a los presuntos autores del asesinato de los espías.

"Teóricamente, Iraq mantiene su soberanía, tienen un Consejo de Gobierno y tienen unos tribunales", apuntó Fungiairño, quien añadió que la notificación de las atoridades judiciales iraquíes podría llegar a través de los ministerio de Defensa, Exteriores o Justicia.

El titular del Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, decidió el pasado 1 de diciembre abrir diligencias previas por un delito de terrorismo y solicitó al Ministerio de Defensa que le remitiese los informes que obrasen en su poder sobre lo ocurrido, así como los resultados de las autopsias de los agentes.

Según informaron fuentes jurídicas, Andreu espera que el Miisterio de Defensa incluya en dicha documentación datos referentes a la detención de los presuntos asesinos, así como información sobre la autoridad judicial -ya sea militar estadounidense o iraquí- que se haya hecho cargo del caso.

La Audiencia Nacional asumió la investigación porque no se tenía noticia de que ningún tribunal iraquí hubiese abierto una causa para detener a los responsables del asesinato de los agentes de CNI.

Fuentes jurídicas indicaron que la Audiencia Nacional asumió "instrumetalmente" la competencia de este caso en virtud del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que este órgano puede investigar "los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse como (...) atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles".

La intervención de la Audiencia Nacional se produjo porque la muerte de los siete militares no había sido certificada de manera oficial en suelo iraquí y e necesitaba autorización judicial para el enterramiento en España de los cuerpos repatriados.

De este modo, las autoridades militares se dirigieron al titular del juzgado de guardia, que el día del suceso era Fernando Andreu, para que permitiese la inhumación de los cuerpos. Al fallecer los agentes del CNI de forma violenta, la Audiencia Nacional abrió diligencias previas para investigar cómo se había producido la muerte de los espías.