Según una resolución aprobada por el Ministerio del Interior, los escoltas pertenecientes a empresas privadas deben acudir a su trabajo y no podrán ejercer su derecho a la huelga, deido al riesgo que corren una serie de personas ante la posibilidad de ser objeto de atentados terroristas.

La resolución de Interior establece que "ante la posible colisión entre el legítimo derecho de huelga de los trabajadores de la seguridad privada y el propio derecho a la vida de los por ellos protegidos, es evidente que este último debe prevalecer".

Por lo que se refiere al derecho a la huelga para los escoltas del resto de España se restringe para el 75 por ciento de ellos, mientras que sue hasta el 85 por ciento para los vigilantes que prestan labores de protección a servicios relacionados con la custodia o transporte de dinero, así como de objetos valiosos y peligrosos.

Además, Interior establece que también deberá trabajar de manera obligada el 75 por ciento del personal de seguridad privada que custodia instalaciones especialmente sensibles, como centrales nucleares o fábricas de explosivos.