AI describe el "devastador impacto", con más de cuatro millones de personas desplazadas de sus hogares, que han tenido los ataques y homicidios sectarios perpetrados por grupos armados, la tortura y los malos tratos infligidos por las fuerzas gubernamentales iraquíes y la prolongada detención de miles de sospechosos a manos de fuerzas estadounidenses e iraquíes.

"Muchos de los detenidos permanecen recluidos sin cargos ni juicio, algunos de ellos durante años", denuncia Amnistía Internacional con motivo del quinto aniversario de la guerra de Iraq.

AI afirma que, aunque se han dedicado millones de dólares a la seguridad, lo cierto es que, a día de hoy, dos de cada tres iraquíes siguen sin tener acceso a agua potable, y casi un tercio de la población, es decir, unos ocho millones de personas, necesita ayuda de emergencia para sobrevivir.

INJUSTICIA SISTEMÁTICA

Para Malcolm Smart, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional, "el Gobierno de Sadam Husein era sinónimo de abusos contra los derechos humanos, pero su sustitución no ha proporcionado en absoluto un respiro a la población iraquí".

Smart recuerda que "se ha detenido sin cargos a opositores políticos, y los homicidios por motivos de 'honor' (mujeres que mueren a manos de sus familias) siguen siendo un problema muy arraigado que las autoridades critican pero no han abordado adecuadamente".

Según un estudio realizado por la la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno iraquí, más de 150.000 personas murieron entre el comienzo de la guerra de Iraq y junio de 2006.

Amnistía Internacional asegura además que en Iraq "los juicios son sistemáticamente injustos, con condenas basadas en declaraciones presuntamente obtenidas mediante tortura", unas vistas que han culminado con centenares de condenas a muerte.

Para Malcolm Smart, "este es uno de los aspectos más preocupantes de cara al futuro". A su juicio, "las autoridades iraquíes, incluso cuando han tenido ante ellas pruebas fehacientes de torturas infligidas bajo su custodia, han optado por no hacer rendir cuentas a los responsables, y Estados Unidos y sus aliados han optado por no pedirles que lo hagan".