El informe, presentado ante el TPI el 20 de enero, ha sido preparado por ocho juristas internacionales y recoge la documentación sobre el tipo de ataques lanzados, los objetivos y la munición empleada en la invasión.

Todo ello, aseguran en un comunicado, demuestra que "existen pruebas suficientes para abrir un procedimiento legal en ese ribunal para que investigue la responsabilidad del primer ministro Blair y otros responsables del gobierno británico en tales acciones que podrían constituir crímenes de guerra contra la humanidad".

El informe presentado en La Haya es el resultado de la sesión que tuvo lugar los pasados 8 y 9 de noviembre de 2003 en Londres y en el transcurso de la cual los juristas internacionales interrogaron a testigos y expertos que afirman que durante la agresión a Iraq se utilizaron bombas de fragmentación y munciones de uranio empobrecido, entre otros materiales prohibidos internacionalmente, contra barrios civiles de manera indiscriminada.

Como testigos de dicha sesión se encontraban, entre otros, Carlos Varea, Rosa Peñarroya y Javier Barandiarian, miembros de la Brigada contra la Guerra y autores del Informe "Evaluación de los ataques contra la población civil de Bagdad llevados a cabo por los gobiernos de EE.UU, Reino Unido y países aliados entre los días 20 de marzo y 5 de abril de 2003", que ha sido aduntado como documento al Informe presentado en La Haya.