Esta organización, que dice aglutinar a más de 19.000 agentes, afirmó que "la única forma de enviar miembros de la Guardia Civil con ciertas garantías de seguridad a la zona de conflicto sería bajo mandato de Naciones Unidas".

Tras recordar que el Instiuto Armado lleva años desempeñando una "encomiable" labor en distintas "zonas calientes" del mundo, como Kosovo o Bosnia, insistió en que esta nueva misión debe estar auspiciada por la legalidad internacional, "y no por la legalidad subjetiva de una de las partes".

Por ello, la AUGC pidió al Gobierno que "reconsidere" esta decisión tomada y le indicó que "no le faltarán agentes voluntarios, pero sólo por los beneficios económicos que aportarían a su mísero sueldo".

"No es coherente llorar a los mertos propios y simultáneamente ordenar el traslado de otros colectivos a puntos tremendamente peligrosos, sin garantías, totalmente desahuciados. Son guardias civiles con medios policiales, y no militares con maquinaria bélica", señala la asociación en una nota de prensa.