Durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, Rajoy anunció que entre 40 y 50 voluntarios de la administración general del Estado han comunicado ya su deseo de ayudar en la recuperación del suministro de agua y energía en las ciudades iraquíes, así como participar en tareas educativas, entre otras cosas.

Rajoy justificó, en respuesta a una pregunta de la diputda socialista Juana Serna Masiá, el envío de un contingente de funcionarios a Iraq, "por solidaridad" con las víctimas de la guerra y por seguir la línea de lo que están haciendo "todos los países de nuestro entorno".

Sin embargo, el PSOE calificó de "ilegal" esta medida, por lo que instó al Ejecutivo a retirar el Real Decreto que ofrece a los funcionarios trasladarse a Iraq para trabajar en la reconstrucción del país.

Serna Masiá advirtió a Rajoy de que España está actuando en una situación de "legalidad" porque tanto Estados Unidos como Gran Bretaña son todavía "potencias ocupantes" en Iraq mientras que Naciones Unidas no reconozca la operación militar que han llevado a cabo.

Asimismo, acusó al Gobierno de José María Aznar de "no hacer caso" de los mandatos de la ONU y de la Convención de Ginebra y señaló que "lo más razonable" sería detener el envío de funcionarios españoles a Iraq.