Iranzo, declaró a Servimedia que esta regulación "es una de las asignaturas pendientes del Gobierno", ya que hay "una serie de servicios esenciales para la sociedad que no deben interrumpirse, y las peticiones de estos colectivos no pueden generar un daño desproporcionado respecto a la reivindicación".

También destaca "la necesidad de equilibrar el derecho a huelga con el funcionamiento y el bienestar de la sociedad, siendo inadmisible bloquear este funcionamiento".

Por último, el director del Instituto de Estudios Económicos recordó que ante actos ilegales como los ocurridosen el aeropuerto de El Prat, "la fuerza pública debe intervenir inmediatamente, puesto que existen mecanismos jurídicos para actuar en esas circunstancias".