Gaspar explicó que "no habría grandes problemas" para acordar una medida de este tipo, puesto que los precios máximos (que son los que los hoteleros sospechan que tiene en cuenta el Gobierno para calcular la inflación) sólo se aplican en el 1,5% o en el 2% de los casos.

Señaló que en más del del 95% de los casos, los precios que se aplican están pactados con los touroperadores y son mucho más bajos que los precios máximos autorizados. El portavoz de los hoteleros consideró imprescindible que en septiembre o en octubre se abra un proceso negociador sobre este asunto, a fin de comprobar de qué datos dispone Economía para culpar al sector turístico del repunte inflacionista. "A ver si hablamos el mismo idioma", dijo.

También mostró su extrañeza de que el Gobierno los responsabilice tan claramente, porque los precios reales que se pactan con los mayoristas son confidenciales y ni siquiera se conocen en los hoteles de la competenci.

"La forma en la que se están recogiendo datos no es real", señaló Gaspart. Finalmente, expresó la voluntad de los hoteleros de colaborar con Economía para llegar a un acuerdo sobre este tema.