Además, la Junta Electoral Central no ha resuelto sobre el recurso presentado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), por entender que no es "parte legitimida". Asimismo, urge al Gobierno para que, "en uso de sus facultades, proponga la modificación de la legislación electoral con el fin de establecer una regulación más favorable a los incapacitados y en particular, a los invidentes".

Según informó a Servimedia el propio afectado, Ricardo Abad, la Junta Electoral Provincial de Valencia le ha comunicado que sigue firme la decisión tomada por la Junta Electoral de zona y que, por tanto, no podrá ser presidente de mesa el domingo.

Abad explicó que la Junta de Valencia se acoge al acuerdo de la Junta Electoral Central, de fecha 29 de febrero de 2000, que establece que "la minusvalía física consistente en ceguera impide a la persona afectada por la misma el correcto desarrollo de las funciones encomendadas a los miembros de las mesas electorales".

Entre estas funciones, el acuerdo cita la identificación de los votantes, el examen de las papeletas de votación y la participación en el escrutinio "y otras que exigen el conocimiento directo de distintos documentos, cuya adaptación al braille no está en la actualidad legalmente prevista".

Aunque la Junta Provincial de Valencia reconoce la existencia de una ley como la de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, añade que la ley electoral no se ha modificado en este sentido y no aplica, por tanto, los mandatos de esta norma.

Sin embargo, Ricardo Abad comentó a Servimedia que una persona sorda, asistida por un traductor de lengua de signos, participará como vocal de una de las mesas electorales de Valladolid en las elecciones del domingo.

Abad afirmó que respeta el acuerdo que le impide ser presidente de mesa el domingo, porque no puede hacer otra cosa, pero matizó que no lo comparte, por considerarlo "discriminatorio".

Por último, Ricardo Abad agradeció el apoyo reicibido por parte de la ONCE, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y de los partidos políticos desde que su caso salió a la luz.