Al parecer, un funcionario municipal, que ha sido expedientado y suspendido temporalmente de empleo y sueldo, entre finales de 1992 y febrero de 1993 pasó a la firma del concejal de Economía y Hacienda varios documentos, que después entregaba a la empresa constructora Domasa, en la que trabajaba fuera de su turno en el Ayuntamiento.

Estos endosos trataron deser cobrados por los responsables de la empresa, si bien el Ayuntamiento de Málaga desconoce si finalmente fueron hechos efectivos, calculándose que el monto del fraude podría ascender a 19 millones de pesetas.

Como consecuencia de esta investigación, en el área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento malagueño se ha observado cierta tensión en las últimas semanas, llegándose a conocer que un funcionario había sido expedientado, al igual que cuatro jefes de sección, si bien la corporación no hizo públcas las causas.

Según se ha podido conocer, cada uno de los endosos tenía un valor de entre dos y tres millones de pesetas y correspondían a obras públicas realizadas con anterioridad o aún no iniciadas.

En la actualidad un juzgado de instrucción de la ciudad se ha hecho cargo de las investigaciones. La empresa Domasa ha cambiado su domicilio social, sin que en la anterior dirección conozcan dónde se ubica ahora.