La carta, en la que figuran las firmas de 56 profesores de la Universidad de Salamanca, explica los resultados negativos en la evaluación realizada por el ministerio, que, en opinión de los firmantes, ha vulnerado la legalidad.

Los profesores consideran que la calidad de los méritos aportados por los interesados no ha recibido en algunos casos el juicio de especialistas en cada una de las materias, ya que el número de miembros de los comités asesores era mu inferior al de especialidades que tenían que valorar, y por tanto, carecían de capacidad para juzgar.

El escrito subraya que el procedimiento seguido para la evaluación de la actividad investigadora se asemeja a un concurso de méritos "arbitrario, injusto e irracional", por lo que el resultado del mismo es, a su juicio, "un claro fruto del atrevimiento de la ignorancia".

La carta concluye diciendo que el proceso evaluador supone no sólo un error político de primera magnitud, sino "un auténtico aaque frontal al desarrolllo científico y cultural de nuestro país".

Por todo ello, reclaman el cese inmediato del ministro de Educación y Ciencia, "como único medio de reparar, en lo posible, el daño ocasionado y de evitar que situaciones tan lamentables como la presente puedan repetirse en el futuro".