En un comunicado, Cámara dijo que su grupo ha recibido una respuesta parlamentaria en la que el Ejecutivo niega la existencia de fraude en las becas que se conceden a estos titulado, aunque admite que puede haber un supuesto de "simulación contractual".

IU cree que la contratación de los actuales becarios y proveerlos de Seguridad Social para equipararlos al resto de trabajadores sólo costaría al erario público unos 6.000 millones de pesetas, dado que las becas están sujetas al Impuesto sobre la Renta y, en algunos casos, tienen pólizas de seguros privados.

Cámara afirmó que Birulés está "dando pasos diletantes en la política científica, concentrando en el tiempo las convoctorias de investigación y aplazando una y otra vez" la mejora de la situación del colectivo.