Estos datos figuran en la Memoria de la Dirección General de Análisis Económico Territorial de 1990 presentada hoy en rueda de prensa por el ministro para las Administracones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray.

Las inversiones totales del programa, que se puso en marcha hacia diez años y cuenta con una fuerte aportación del Estado, ascendieron en 1990 a 95.086 millones de pesetas, lo que supone un incremento inferior al 2 por cien respecto al 89. Además, los programas aprobados fueron 11.340, un 9 por cien menos.

El propio MAP reconoce en la introducción de la memoria que el modelo de cooperación hasta este año en vigor "debe considerarse agotado", ante la necesida de afrontar "nuevos intentos más ambiciosos y eficaces".

De las inversiones efectuadas en 1990, la subvención otorgada por el Estado fue de 24.698 millones, lo que supone la cuarta parte del total. El resto fue aportado por los ayuntamientos (25.626 millones), las diputaciones provinciales (38.947 millones), las comunidades autónomas (4.460 millones) y a otras fuentes de financiación (1.352 millones).

Las comunidades que obtuvieron una mayor subvención procedente del Estado fueron Andalucía, Galcia y Castilla León, con el 22,12, el 16,82 y el 15,68 por ciento del total, respectivamente. Las menores fueron para La Rioja (0,7 por cien), y Navarra (0,37).

En un nivel intermedio figuran Castilla La Mancha (9,84 por cien), Extremadura (9,82), Cataluña (5,81), Valencia (4,67), Canarias (3,73), Aragón (2,62), Asturias (2,56), Cantabria (1,54), Murcia (1,34), Madrid (1,32) y Baleares (1).

CUESTION DE PRIORIDADES

El análisis del destino de las inversiones pone de manifiesto que los ayuntamients destinan la mayor parte de los fondos que obtienen a través de este plan a carreteras (23,47 por cien) y pavimentaciones (20 por cien) y abastecimiento de aguas (14,7 por cien).

En su esquema de prioridades figuran entre los últimos lugares los centros asistenciales (0,36 por cien), los centros sociales (1 por cien), las instalaciones deportivas (2,12 por cien) y los centros culturales (6,3 por cien).

Estos datos ponen de manifiesto, presumiblemente, no tanto una supuesta insensibilidad de las orporaciones locales en materia asistencial y cultural como la urgencia de poner en marcha infraestructuras básicas de las que muchas carecen todavía.

De hecho, el Estado asegura que aprueba sus subvenciones a los proyectos en función de las necesidades más perentorias detectadas por el Ministerio de Administraciones Públicas en la Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local.

El problema de la insuficiente de recursos de los ayuntamientos fue reconocido ímplicitamente por el ministro Eguiagaay, al señalar que la descentralización administrativa debe hacerse sobre todo en beneficio de las corporaciones locales, más que de las autonomías.

La insuficiencia de recursos afecta sobre todo a los ayuntamientos de menor población, por lo que el Programa de Cooperación Local asignó en 1990 un 75 por ciento de su inversión a los municipios de menos de 20.000 habitantes.