Viana afirmó que la inversón en publicidad seguirá creciendo este año, a pesar de la guerra del Golfo, aunque a un ritmo inferior al del 90. Explicó que las empresas no han reducido sus presupuestos publicitarios, pero los mantienen congelados a la espera de que el conflicto termine.

La mitad de la inversión publicitaria realizada en 1991 se dirigió a televisión y a los periódicos diarios, que obtuvieron 252.000 y 196.600 millones de pesetas, respectivamente. La publicidad televisiva creció un 25,9 por cien y la de los diarios un 16,6.

El resto se repartió entre revistas (123.000 millones de pesetas), radio (52.000 millones) publicidad exterior (32.000 millones), suplementos dominicales (12.000 millones), cine (2.800 millones), y otros medios (467.600 millones).

El sector publicitario cuenta en la actualidad con 3.229 empresas, que proporcionan 56.691 empleos directos y 82.000 indirectos. El crecimiento de sus inversiones ha sido espectacular en los últimos años, ya que en 1988 fue de 755.651 millones de pesetas y en989, de 941.400 millones.

FAVORITISMO DE LA ADMINISTRACION

Por otra parte, Viana dio cuenta de las conclusiones alcanzadas en un Congreso de Agencias, Anunciantes y Medios celebrado ayer en Madrid, para estudiar los problemas planteados al sector por las restricciones legales puestas en marcha por la Administración.

En esas conclusiones, el sector acusa a la Administración de favoritismo en la adjudicación de los concursos para las campañas publicitarias institucionales. A su juicio, esta situaión es especialmente grave porque las tres administraciones públicas (central, local y autonómica) gastan en publicidad 50.000 millones de pesetas al año, lo que le convierte en el mayor anunciante de España.

Según Viana, los principales "vicios" de los concursos convocados por las administraciones son la insuficiente información facilitada en los pliegos de bases y los reducidos plazos de presentación, que en algunas ocasiones no superan los 10 días.

El vicepresidente de los publicitarios españoes criticó igualmente las restricciones impuestas por la Administración para el anuncio de tabaco, alcohol y otros productos. Aseguró que el criterio unánime del sector es que tiene que ser posible anunciar cualquier producto cuya venta es legal.

En su opinión, la actitud de la Administración respecto al tabaco es "hipócrita", ya que, al mismo tiempo que prohibe su publicidad, subvenciona su cultivo y obtiene fuertes impuestos por su venta. "Si algo no debe venderse, que se prohiba", recalcó.

Viaa calificó de "censura" las autorizaciones administrativas previas a que están sometidas la publicidad de productos financieros y de especialidades farmacéuticas, y reclamó una unificación de criterios entre la Administración Central y las autonómicas para evitar que se prohiba en unas regiones lo que se admite en otras.

También expresó el temor del sector por el proyecto que elabora el Instituto Nacional de Consumo para regular las técnicas de promoción de ventas y por otro, que estudia la Dirección eneral de Tráfico, relativo a la venta de vehículos a motor.

Para José Viana, la transmisión de mensajes a través de la publicidad debe ser considerada como parte del derecho de información amparado por la Constitución. Por esa razón, pidió al Gobierno que consulte con las patronales del sector cualquier modificación en la regulación de la legislación publicitaria.

Por su parte, Jorge Planas, presidente de la Asociación de Medios Publicitarios de España, criticó el acceso de las emisoras de radiopúblicas al mercado publicitario y señaló que, por este motivo, han presentado cinco denuncias ante el Tribunal de Defensa de la Competencia