Según confirmaron hoy fuentes de la Audiencia Nacional, el magistrado dictó ayer a primeras horas de la tarde, poco antes de iniciar sus vacaciones, una providencia por la que acuerda retrasar hasta el próximo día 4 de septiembre la notificación de su resolución.

El juez Moreiras adoptó esta medida al conocer que los cuatro inculpados, Jaime y Rafael Monjó, Salvador Miras Gómez y Emilio Gilolmo López, se encuentran en la actualidad de vacaciones, posiblemente fuera del territorio nacional, por lo que no es posible notificarles dicho auto, lo que debe hacerse personalmente.

Las citadas fuentes negaron, por el contrario, que el magistrado dictase una orden de busca y captura contra los acusados, en contra de lo difundido hoy por algunos medios de comunicación. No obstante, no descartaron que el juez Moreiras pueda hacerlo el próximo mes de septiembre en el caso de que los inculpados no comparezcan voluntariamente para serles notificado el auto.

En su resolución, el juez Moreiras acordó la imposición de una fianza de 105.000 millones de pesetas en concepto de responsabilidad civil para ser abonada solidariamente por los 4 inculpados, a los que acusa de fraude fiscal y falsedad en documento.

El magistrado señaló esa cuantía tras estimar que la cuotadefraudada por los inculpados ascendió a unos 79.000 millones de pesetas, a los que hay que añadir una tercera parte de esa cantidad para evaluar la fianza, tal como establece la ley.

Además de esta fianza, Moreiras también impuso a los hermanos Monjó, presuntos "cerebros" de la trama Inverbroker, y a Salvador Miras, ex síndico de la Bolsa de Barcelona, sendas fianzas de 100 millones de pesetas con el fin de eludir su ingreso en prisión, mientras que Gilolmo López, consejero delegado de Inverbroker, dberá hacer frente a otra de 25 millones.

Según las investigaciones judiciales, la sociedad de valores y bolsa Inverbroker fue presuntamente utilizada por los acusados para blanquear dinero negro en varias comunidades autónomas.

La sociedad Inverbroker era la matriz de Brokerval, uno de cuyos máximos dirigentes, Francisco Berga, fue encarcelado por la supuesta desaparición de 600 millones de pesetas. Durante las investigaciones, fue detectada una cuenta en esta última sociedad atribuída al ex presdente balear Gabriel Cañellas que, supuestamente, no habría sido declarada a Hacienda.