INTERVENTORES RECOMIENDAN LA MUNICIPAIZACION DEL CEMENTERIO MALLORQUIN DE BON SOSEC PARA SOLUCIONAR LA CRISIS ACTUAL

- La empresa propietaria, a la que está ligado el alcalde de Palma, se encuentra en suspensión de pagos

PALMA DE MALLORCA
SERVIMEDIA

Un informe encargado por la magistrada de Palma de Mallorca Juana María Gelabert sobre la situación económica del polémico cementerio de Bon Sosec, en la capital balear, indica que la municipalización de la gestión y propiedad del camposanto solucionaría la quiebra en la ue se encuentra la empresa que lo gestiona actualmente.

La polémica sobre el cementerio mallorquín se generó a raíz de conocerse que la empresa encargada de la construcción de los nichos pertenecía al alcalde de Palma, Joan Fageda, del PP. La crisis financiera del cementerio llevó a la empresa del edil, Domus S.A., al borde de la quiebra. Por ello, Fageda, con el objeto de recuperar parte del dinero invertido, ideó un plan para que el cementerio pasara a manos del ayuntamiento, lo que fue criticado duamente por la oposición.

Sin embargo, el informe económico entregado por dos interventores a la jueza que tramita la suspensión de pagos de Bon Sosec muestra que el pasivo del cementerio privado del término municipal mallorquín de Marratxí supera al activo en 2.500 millones de pesetas. Los peritos han cifrado en 4.712 millones el activo y en 7.296 millones las cuentas del pasivo.

Los responsables de la empresa funeraria municipal de Palma y de Bon Sosec han alcanzado ya un acuerdo por el que el cnsistorio alquilaría el tanatorio del cementerio privado por 50 millones de pesetas anuales, asumiendo la funeraria la gestión de la venta de tumbas. El acuerdo incluye la opción de compra de las instalaciones del cementerio privado por 725 millones de pesetas.

Con este acuerdo, el consistorio de la capital balear pretende solucionar el problema de la escasez de tumbas, al tiempo que da viabilidad económica a una empresa en suspensión de pagos, en la que se han invertido más de 425 millones de pesetasde dinero público. La magistrada que tramita la suspensión de pagos tiene que decidir si da luz verde a la operación en función del informe que ella misma ha encargado a los interventores.

En el documento, que fue entregado el pasado miércoles a la jueza, se señala que "la entrada de la empresa funeraria municipal redundaría en una mejora positiva de la liquidez indispensable para que la deudora haga frente a los pasivos contraídos con la masa de acreedores". Para los interventores, el arrendamiento ola venta de Bon Soec provocará la liquidez inmediata que permitirá la continuidad de la empresas suspensa.

(SERVIMEDIA)
01 Mar 1996
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