La Policía Judicial, que intervino en la operación, se incautó de diverso material y equipos pertenecientes al titular del vídeo comunitario, entre los que figuraban un descodificador de Canal+, varios magnetoscopios y más de 30 cintas de vídeo.

El vídeo comunitario Marjovi cuenta, según el canal de pago, con unos 1.500 abonados, que venían recibiendo regularmente la programación codficada de esta emisora de televisión sin estar suscritas a la misma.

La cadena privada presentó una denuncia contra Marjovi el pasado mes de diciembre, por considerar que la acción que el vídeo comunitario cometía lesionaba gravemente sus intereses.

El Código Penal tipifica este tipo de acciones como delito grave y lo sanciona con una pena de arresto mayor y multa de hasta cinco millones de pesetas.

Canal+ presentó anteriormente otras denuncias, que en todos los casos han tenido como consecuncia la incoación de procedimientos penales.

Paralelamente a estas iniciativas, la cadena privada está realizando un seguimiento de prácticas de "pirateo" en bares y comunidades de propietarios, que ha tenido como consecuencia, entre otras, la suspensión de contrato de abono de 104 bares en Valladolid y 30 comunidades de propietarios en toda España.

Canal+ informó hoy que esta decidida a proseguir con su lucha contra las acciones de "pirateo" en vídeos comunitarios, bares y comunidades de propietrios.