El pasado 16 de abril, la Guardia Civil registró 11 ordenadores en la sede de la empresa Luger Centro de Corte, en la madrileña localidad de Arganda del Rey, mientras que una comisión judicia y un perito informático investigaron la empresa de publicidad Arola A-1, de Tenerife, donde se inspeccionaron 7 ordenadores.

Por su parte, el 27 de abril una delegación similar a la intervención en la empresa tinerfeña actuó sobre los equipos informáticos de la empresa vallisoletana G-Conta.

Estas acciones coinciden con la puesta en marcha del Plan Nacional de Auditoría de programas de ordenador de BSA y SEDISI, la patronal de empresas informáticas españolas.

Dicho plan supondrá, entre el 1de abril y el 30 de junio, la última oportunidad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) para regularizar voluntariamente la posible situación ilegal de sus programas de ordenador.

Concluido este plazo, la BSA asegura que se intensificarán las acciones legales contra cualquier empresa que infrinja la actual legislación sobre propiedad intelectual. Sólo en 1997, BSA llevó a cabo 500 acciones legales en España contra empresas y particulares por uso o reproducción de copias piratas de "software".

Las empresas del sector aseguran que la "piratería" de sus programas es uno de los principales obstáculos que encuentran para su desarrollo en España, en el que se estima un índice de penetración de copias ilegales del 65%, frente a un 43% de la media europea. Esta situación, afirman, les origina unas pérdidas de unos 22.000 millones de pesetas anuales.