La AI acusa a la operadora dominante de ofetar tarifas planas de acceso a Internet por debajo de coste ("dumping") para eliminar a los posibles competidores.

Según la normativa actual, Telefónica debe proporcionar acceso indirecto al bucle de abonado a todos los operadores autorizados (ISP) para ofertar a los usuarios finales acceso a Internet con el sistema ADSL. La Orden 8182 del Ministerio de Fomento, de 26 de marzo de 1999, establece los precios que los operadores deben abonar a Telefónica por el acceso indirecto.

El operador autorizao de Telefónica para la red ADSL es Telefónica Data, pero contrariamente a lo dispuesto por la mencionada orden ministerial, no ofrece sus servicios a los usuarios finales sino únicamente a otros ISP.

Por su parte, los ISP que piden acceso indirecto al bucle de abonado a Telefónica reciben por respuesta que quien comercializa esos servicios a los operadores autorizados es Telefónica Data, que añade a las tarifas fijadas por Fomento un margen comercial. De esta manera, los ISP tienen que añadir al margn comercial de Telefónica Data el suyo propio.

El pasado 5 de octubre la empresa Terra Networks -antigua Telefónica Interactiva- presentó su oferta de ADSL, que incluye una promoción para todas las solicitudes anteriores al 30 de noviembre de 1999 de cuota de alta e instalación gratuitas, además de una cuota mensual de 8.017 pesetas en la modalidad Familiar, 13.966 en la Class y 27.328 en la Premium.

Según la AI, estas tarifas planas están por debajo de coste y "responden a una estrategia empresaial claramente encaminada a restringir la libre competencia, a eliminar 'ab initio' a los posibles competidores, a limitar y controlar la producción, distribución y el desarrollo técnico, todo ello en el mercado de los servicios derivados de la tecnología ADSL, principalmente en el sector de Internet".

"Igualmente supone un claro abuso de posición dominante, prevaliéndose, además, de una significativa ventaja competitiva adquirida mediante la infracción, entre otras normas, de la Ley General de Telecounicaciones y de la Orden del Ministerio de Fomento 8181, de 26 de marzo de 1999, afectando de manera grave al interés público", denuncian los internautas.