AECE señala hoy en un comunicado que de aprobarse sta directiva en su actual redacción, las pymes españolas "se verán obligadas a limitarse al mercado español, ante la imposibilidad de adaptar sus contratos de compra a las quince legislaciones nacionales sobre comercio minorista".

Asimismo, la propuesta de directiva abre la posibilidad de que cada Estado miembro establezca reglamentos específicos sobre el uso comercial del correo electrónico, lo que, en opinión de la AECE, "sólo serviría para entorpecer el uso comercial de Internet sin añadir garantís adicionales para los consumidores".

Por todo ello, tanto la AECE como sus homólogas europeas han presentado una serie de enmiendas a la directiva sobre Comercio Electrónico para que ésta mantenga el principio de "ley del país de origen".

Por ejemplo, si un ciudadano alemán compra en una página "web" un libro a un comercio español, la AECE pide que se aplique la normativa de protección al consumidor española, frente al proyecto de la Comisión, según el cual regiría la legislación de consumo de Aemania.

Según la propuesta de la Federación de Comercio Electrónico, los "webs" comerciales deberán informar de las garantías legales que protegen al consumidor en el país de origen del vendedor, así como indicar claramente de qué país se trata y su dirección física ante la que poder presentar reclamaciones.

Asimismo, la AECE y sus colegas comunitarios han propuesto la creación de un mecanismo de arbitraje a través de Internet, "que debe ser promovido como una forma rápida y especializada de resoución de disputas".