LOS INTERNAUTAS Y CCOO PIDEN QUE EL JUEZ COMPETENTE EN UNA VENTA ELECTRONICA SEA EL DEL DOMICILIO DEL COMPRADOR

MADRID
SERVIMEDIA

Cuatro asociaciones de internautas y el sindicato CCOO han pedido a los grupos parlamentarios que la futura Ley de Comercio Electrónico fije como juez competente ante un conflicto por una venta realizada a través de Internet el que corresponda al lugar de domicilio del coprador, frente a la pretensión de las organizaciones empresariales de que sea el juez de donde tenga la sede el vendedor.

La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), la Asociación de Internautas (AI), la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI) y CCOO presentaron hoy en rueda de prensa sus propuestas sobre el proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, para que sean defendidas por los iferentes partidos políticos en el Parlamento.

Las organizaciones demandan que la norma no regule el uso no comercial de la Red y se limite a las actividades económicas de todo tipo desarrolladas en Internet.

Además de que se defina en el proyecto de ley la autoridad judicial competente, los internautas aspiran a que se presuma en los contratos electrónicos que éstos se celebran en el domicilio del consumidor, salvo pacto expreso en sentido contrario que no podrá en ningún caso figurar en las coniciones generales de contratación.

Igualmente, los proponentes defienden que la autorización expresa del internauta para recibir mensajes publicitarios, que ya está recogida por el proyecto de ley, tampoco pueda incluirse en las condiciones generales de contratación.

Internet, pese a su carácter global, pretende ser regulado por la Unión Europea en sus aspectos más relacionados con el comercio y la actividad económica. Por su parte, Estados Unidos carece de una normativa similar, salvo la Ley Patiot, dictada tras el 11 de septiembre, que permite a las autoridades leer los contenidos y correos electrónicos, así como controlar los sistemas encriptados.

Víctor Domingo, presidente de la AI, destacó que la ley española, derivada de la directiva comunitaria, es una oportunidad para avanzar en la protección de los usuarios, principalmente por la prohibición de la publicidad no solicitada ("spam") y por la fijación de la jurisdicción en la ciudad de residencia del consumidor.

(SERVIMEDIA)
02 Abr 1991
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