Esa iniciativa fue presentada por el PP y contó entonces con el respaldo de los populares, Vox y Coalición Canaria; el rechazo del PSOE y Sumar, y la abstención de Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, EH-Bildu y PNV.

Con ello, el Congreso instaba a la DGT a la compra de “un número suficiente de vehículos adaptados para su posterior cesión gratuita” a las escuelas particulares de conductores para que se utilicen en las clases prácticas que hagan personas con discapacidad que aspiren a obtener el carné de conducir.

Además, propone que jefaturas provincias y locales de tráfico también cuenten con vehículos adaptados para que personas con movilidad reducida hagan el examen práctico para tener el permiso de conducir o para su renovación extraordinaria.

La subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, apuntó este martes en la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso, ese asunto es “especialmente complejo” y “no es fácil de solucionar” porque puede “colisionar” con el ordenamiento jurídico español.

Crisóstomo se pronunció al respecto coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad al responder verbalmente a una pregunta parlamentaria de Raquel Clemente, diputada del PP.

Señalo que “los vehículos con los que se hacen los exámenes prácticos no son de la DGT, son de las propias autoescuelas”, y que Tráfico ha favorecido que “otras entidades” puedan poner esos coches a disposición de personas con discapacidad que así lo necesitan para sacarse el carné de conducir. “Es una solución viable y factible que no va en contra de nuestro marco jurídico”, dijo.

‘¿A QUÉ AUTOESCUELAS?’

Además, lanzó algunas preguntas respecto a la cesión de vehículos adaptados a centros de formación de conductores. “¿A qué autoescuelas? ¿Con qué adaptaciones? Las necesidades de cada persona seguramente serían tan diferentes que sería imposible cubrir todo el espectro poniendo incluso la DGT vehículos a disposición de las autoescuelas porque sería necesario tener en cuenta las necesidades específicas de cada persona”, explicó.

Crisóstomo añadió que ese tema es “complejo y genera un poco de frustración”, pero no impide que la DGT estudie “soluciones” para facilitar que las personas con discapacidad puedan obtener el carné de conducir.

“Tenemos la posibilidad incluso de plantearlo a comunidades autónomas que sí tienen esta capacidad de establecer líneas de ayudas. Algunas, de hecho, tienen programas para favorecer, por ejemplo, el acceso de los jóvenes al cané de conducir. Con algunas comunidades autónomas, quizá hablando con ellas, podríamos llegar a algún tipo de solución”, comentó.

Crisóstomo subrayó que la DGT “lleva años” impulsando medidas para favorecer el acceso de las personas con discapacidad al permiso de circulación. Así, en 2022 aprobó una instrucción que permite la cesión de vehículos adaptados para la formación y pruebas de aptitudes y comportamientos de aspirantes con alguna dificultad motora. “Hasta donde se ha podido analizar, esta es una solución ahora mismo realista”, dijo.

DESIGUALDAD

Por su parte, la diputada Raquel Clemente comentó que, según un estudio de personas con discapacidad en el acceso al permiso de conducir, realizado por la Fundación CNAE y Fesvial, en colaboración con la Fundación ONCE, las personas con discapacidad que nunca han intentado obtener carné de conducir argumentan que se debe sobre todo a su discapacidad, al miedo, a motivos económicos y a falta o carencia de autoescuelas.

Además, más de un 8% de las personas con discapacidad que obtuvieron el permiso de conducir se ven obligadas a poner a disposición de la autoescuela su propio vehículo adaptado a sus necesidades.

“Las personas que no pueden aportar su vehículo adaptado para hacer sus prácticas y, posteriormente, examinarse se ven obligados a buscar las pocas autoescuelas que disponen de estos vehículos, lo que, en muchos casos, también les obliga a desplazarse a otras provincias, cuyas autoescuelas sí que pueden ofrecer este servicio. Por lo que en el medio rural y las ciudades más pequeñas se agrava aún más esta desigualdad”, apostilló.

Clemente indicó que, si la DGT pone coches adaptados a disposición de las autoescuelas, potencie la formación de profesores en este sentido y lance un paquete de ayudas para la adaptación de los coches particulares haría “una sociedad más justa con quienes realmente más lo necesitan”.