Según interlocutores policiales, "aún no existe ninguna evidencia que permita efectuar detenciones", a pesar de que entre los equipos de investigación existe la convicción de que antiguos miembros del servicio de inteligencia del Ejército (Cesid) estuvieron implicados en el envío de paquetes-bomba a varios empresarios desde 1987.

Desde esa fecha se abrió una investigación que se encuentra "sin resolver" pero no cerrada, aunque desde hace más de dos años no se han hecho nuevas averguaciones. Esta banda ha enviado en menos de siete años ocho paquetes-bomba, ha matado a cuatro empresarios y ha herido a diez personas más.

La policía judicial apunta como uno de los obstáculos básicos para el esclarecimiento del caso la confluencia de cuerpos que investigan el asunto, que repiten interrogatorios y que recogen pruebas.

El diputado de IU Antonio Romero solicitará al ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, un informe completo sobre la proliferación de bandas armadasy sobre la participación de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado y del Ejército en ellas.

Romero pedirá también una nueva reglamentacion que impida a los miembros de estos cuerpos alquilar sus conocimientos a bandas mafiosas, extremo que fue considerado "imposible de controlar" por las fuentes consultadas.