Esta iniciativa trata de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de 2003, que obliga al Gobierno a aprobar unas condiciones básicas de accesibilidad que garanticen a las personas con discapacidad el ejercicio del derecho de sufragio sin discriminaciones.

Para elaborar el borrador del texto se ha constituido un grupo de trabajo en el que están presentes, además de Interior, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, la Oficina del Censo Electoral, Correos y Telégrafos y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Por parte del sector de la discapacidad, participa en el grupo el Cermi, que ya ha trasladado al Ministerio las necesidades y demandas de las personas con discapacidad para un ejercicio normalizado de su derecho al voto.